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MARÍA AMPARO CASAR

Ni a pobres, ni a nadie

De nuevo hablo de las mañaneras porque en ellas, el Presidente fijó posición respecto a la infame persecución de 31 integrantes de la comunidad científica.

Por María Amparo Casar

Que me perdonen los que dicen que se deje de hablar de las mañaneras. Es imposible e irresponsable no hacerlo. Ahí se fijan políticas y anuncian decretos, se hacen peticiones a modo que permiten al Presidente aparecer como el gran benefactor, se notifican cambios y  giran instrucciones, se envían mensajes a la oposición, se interviene en elecciones y se abre la sucesión presidencial, se viola la ley, se hacen cientos de afirmaciones falsas, se dañan reputaciones y se inhibe la libertad de expresión.

De nuevo hablo de las mañaneras porque en ellas, el Presidente fijó posición respecto a la infame persecución de 31 integrantes de la comunidad científica y la palabra del Presidente algo pesa. Los hechos son de todos conocidos. A raíz de una denuncia de la titular de Conacyt por hechos presuntamente delictuosos en agravio de su patrimonio, la FGR pidió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Delincuencia Organizada una investigación y giró orden de aprehensión contra 31 académicos por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. El proceso deberá llevarse no en libertad sino en prisión de máxima seguridad por el riesgo de que “oculten o destruyan evidencia y se den a la fuga”. Las penas serían de entre 10 y 40 años de cárcel sin derecho a fianza.

Los hechos son de por sí graves. No menos grave es la posición del Presidente, que es determinante para una FGR que no es autónoma, que no rinde cuentas y que cuenta con leyes que le permiten violar la presunción de inocencia, recurrir de manera selectiva al conveniente y abusivo expediente de la delincuencia organizada y a la prisión preventiva oficiosa.

Es contra esto y no contra la vigilancia de los recursos públicos contra lo que nos pronunciamos.

En la mañanera, el Presidente aseguró que se debe “combatir la corrupción por parejo”, que hay “instrucciones de que todo llegue a la Fiscalía” y que “el que nada debe, nada teme”.

Luego hizo público parte del informe enviado por Conacyt para dar cuenta del mal manejo de los recursos recibidos por integrantes de la anterior dirección y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Avaló que parte de ellos fueron utilizados en lujos o actividades inservibles. Concluyó preguntando: “¿El combate a la corrupción va a ser selectivo o va a ser parejo?, ¿vamos a excluir a grupos, a potentados, a las élites, ya sea de la academia, de la ciencia, de la intelectualidad, a las élites económicas, o aplicamos el combate a la corrupción por parejo?” “Era un grupo predilecto… como ya no se puede mantener estos privilegios, ahora se sienten perseguidos”.

No señor Presidente, no se sienten, están siendo perseguidos. Tanto que a más de uno se le ha recomendado no salir de casa porque podría ser aprehendido.

En su mejor y más incongruente muletilla remató: “¿Por qué nada más se va a castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia… a los que no son influyentes? (…) tiene que acabarse con la impunidad, sea quien sea… amigos, colegas, familiares”.

No, señor Presidente, se ha prometido justicia y la justicia no llega para nadie. Ni para los pobres, ni para los pequeños empresarios sujetos a regulaciones excesivas y discrecionales y a extorsiones como el derecho de piso. Ni para las mujeres. Ni para los niños con cáncer. Ni para los damnificados. A veces tampoco para los ricos a los que les  roban o detienen sus mercancías porque no se hace valer el derecho de tránsito. Los que no reciben el mismo trato, como siempre, son algunos de la élite política en turno que no presentaron correctamente sus declaraciones patrimoniales, recurrieron a empresas fantasmas, inflaron padrones, adjudicaron contratos a parientes y amigos o entregaron y recibieron dinero para campañas. Entre otros.

Pero quedémonos en los pobres. ¿Dónde está la presunta justicia? En este País, persiste el hecho de que el 50% de la población carcelaria purga penas o espera sentencia por delitos menores a 5 mil pesos. En este País “considerando todos los eslabones de la cadena, desde policías hasta prisiones, pasando por el ministerio público y los tribunales… se dedica aproximadamente 0.8% del PIB en tareas de seguridad y justicia” (A. Hope, El Universal 08/09/21). ¿Esa es la prioridad que se da a la justicia para los pobres? ¿Se ha hecho algo para cambiar la insuficiencia presupuestaria, ampliar y capacitar a los defensores públicos, mejorar sus salarios o equiparar sus armas procesales a las de los abogados privados? Nada. Una propuesta al respecto puede consultarse en una investigación de MCCI (https://bit.ly/3ERrnF5) pero hay muchas más en innumerables trabajos de Impunidad Cero, Causa en Común, México Evalúa, MUCD, Fiscalía que Sirva. Porque no, las organizaciones de la sociedad civil no sólo exhibimos la corrupción, la impunidad y la injusticia de antes y de ahora. También ponemos a su disposición propuestas viables que, esperamos, sirvan a su Gobierno.

María Amparo Casar es licenciada es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestra y doctora por la Universidad de Cambridge. Especialista en temas de política mexicana y política comparada.

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